Nueve años después del 19-S: ¿Puebla aprendió a vivir con el riesgo o sólo a hacer simulacros?
La gran asignatura pendiente: tener listo el dinero antes de necesitarlo
Por Héctor Rodrigo Ortiz
Hay una pregunta que México suele hacerse demasiado tarde después de una tragedia: ¿De dónde vamos a sacar el dinero?
Primero llega el terremoto, huracán o inundación.
Después viene la evaluación de daños.
Luego comienzan las negociaciones presupuestales, los apoyos extraordinarios, las reasignaciones y finalmente una reconstrucción que puede prolongarse durante años.
El 19-S de 2017 dejó por lo menos dos demostraciones de que la improvisación no es una buena compañera:
- El IMSS compró una infraestructura inútil para sustituir el hospital más grande que había en el Estado. Se terminó rehabilitando en el mismo predio, 8 años después, con menos camas de las que tenía.
- Nueve años después, Puebla todavía reportaba trabajos pendientes en parte del patrimonio cultural afectado.
¿Por qué tenemos que funcionar así? Otros países han desarrollado mecanismos para que una parte de la respuesta financiera exista antes de que ocurra el desastre.
Nueva Zelanda: ahorrar, asegurar y reasegurar antes del terremoto
Nueva Zelanda ofrece un caso especialmente interesante para México porque también convive permanentemente con terremotos.
Su modelo combina seguros residenciales, un fondo para desastres, reaseguros internacionales y una garantía final del Estado.
La Natural Hazards Commission administra el Natural Hazard Fund. Parte de las aportaciones que recibe se utiliza para contratar reaseguros internacionales: es decir, el país paga anticipadamente para transferir una parte del costo financiero de una futura catástrofe.
Para 2026-2027, Nueva Zelanda consiguió una cobertura récord de 12 mil 300 millones de dólares neozelandeses en reaseguros, lo que representa 121,092,270,000 (más de ciento veintiun mil millones de pesos mexicanos)
Y si los recursos disponibles y los reaseguros fueran insuficientes ante una catástrofe extraordinaria, existe además una garantía gubernamental.
El modelo no elimina el costo de los desastres, hace algo diferente: decide anticipadamente quién pagará una parte de ellos.
Después de los terremotos de Canterbury y Kaikōura, Nueva Zelanda incluso reformó su legislación. Desde 2024 opera una nueva Ley de Seguros contra Riesgos Naturales que incorporó aprendizajes de esas catástrofes y de una investigación pública sobre la respuesta institucional.
Japón: reconstruir también significa proteger familias y empresas
Allá se utiliza otra combinación. Además de compromisos públicos para reconstruir infraestructura, el gobierno contempla asistencia para vivienda, mecanismos de reaseguro contra terremotos y apoyos para mantener vivas a las empresas después de un desastre.
La OCDE documenta, por ejemplo, garantías crediticias y préstamos de emergencia para pequeñas y medianas empresas con problemas temporales de liquidez después de una catástrofe. Esto importa mucho.
Porque una ciudad puede reconstruir una carretera y aun así tardar años en recuperarse si entretanto quebraron los pequeños negocios que estaban alrededor, pero la recuperación económica también forma parte de la reconstrucción.
Y México ya tuvo una herramienta reconocida internacionalmente
Aquí aparece una paradoja importante. México no tiene que mirar exclusivamente hacia otros países para encontrar antecedentes.
Durante años contó con el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
El Banco Mundial llegó a documentarlo como una experiencia internacional relevante porque proporcionaba liquidez inmediata para emergencias y reconstrucción cuando las pérdidas superaban la capacidad presupuestaria ordinaria de estados y dependencias federales.
El sistema llegó a incluir un fondo de reserva que acumulaba recursos no ejercidos y mecanismos para financiar infraestructura pública y vivienda de familias de bajos ingresos.
Eso no significa que el antiguo FONDEN fuera perfecto ni que necesariamente deba reconstruirse exactamente como existía.
La pregunta útil en 2026 es otra:
¿qué mecanismo financiero tiene hoy México —y qué debería tener Puebla— que garantice recursos rápidos, suficientes, transparentes y previamente definidos para reconstruir después de una gran catástrofe?
Reconstruir no debería significar dejar las cosas como estaban
Hay además un principio internacional que Puebla podría adoptar como regla: Build Back Better. Reconstruir mejor.
El Marco de Sendai de Naciones Unidas establece que la recuperación posterior a un desastre debe aprovecharse para reducir el riesgo futuro, no simplemente para regresar a la situación previa.
La OCDE y el Banco Mundial reforzaron este mismo principio en 2026: reconstruir infraestructura debería implicar mejores estándares, menor vulnerabilidad, mejor uso del territorio, instituciones más fuertes y participación de las comunidades afectadas.
Pensemos en una escuela destruida por un terremoto.
Reconstruirla exactamente igual puede significar reconstruir también su vulnerabilidad.
Una verdadera política de recuperación debería preguntarse si necesita otra ubicación, mejores materiales, mayor resistencia estructural, rutas de evacuación diferentes o infraestructura adicional.
Lo mismo debería ocurrir con viviendas, hospitales, carreteras, puentes y servicios públicos.
¿Qué podría hacer Puebla?
Aquí está la oportunidad.
Puebla podría construir un Sistema Estatal de Resiliencia Financiera ante Desastres que funcione antes, durante y después de una emergencia.
No tendría que depender de un solo fondo.
Podría combinar cinco elementos:
1. Una reserva permanente para desastres.
Con reglas que impidan utilizarla para gasto ordinario y con aportaciones anuales suficientes para acumular capacidad financiera.
2. Seguros y reaseguros.
Transferir al mercado parte de los riesgos extraordinarios para evitar que una gran catástrofe recaiga completamente sobre las finanzas públicas.
3. Financiamiento automático para municipios.
Definir antes del desastre cuánto y bajo qué condiciones recibirían recursos los municipios afectados, evitando negociar desde cero en medio de la emergencia.
4. Protección para familias y pequeñas empresas.
La recuperación no termina reconstruyendo edificios públicos. Créditos de emergencia, garantías y mecanismos de aseguramiento pueden evitar que una catástrofe natural se convierta también en una catástrofe económica.
5. Una regla de reconstrucción digna: lo destruido no simplemente se repone; se reconstruye mejor.
Cada peso destinado a reconstrucción debería reducir el riesgo que existía antes del desastre.
No son ideas experimentales.
Son principios que ya forman parte de las recomendaciones internacionales para construir resiliencia financiera y recuperación. Naciones Unidas incluso incluyó en 2025 entre sus prioridades asegurar financiamiento previsible e inclusivo para la preparación y recuperación.
Del simulacro financiero al simulacro real
Quizá Puebla debería hacer otro tipo de simulacro. Uno que no implique evacuar edificios. Supongamos que mañana ocurre realmente el terremoto de magnitud 7.7 que imaginamos este 19 de septiembre.
¿Cuánto dinero estaría disponible en las primeras 24 horas?
¿Cuánto en la primera semana?
¿Cuánto recibirían los municipios?
¿Quién pagaría viviendas destruidas?
¿Cómo se financiarían hospitales y escuelas?
¿Qué apoyo recibiría una pequeña empresa obligada a cerrar durante tres meses?
¿Cuánto riesgo tiene asegurado el estado?
¿Quién decidiría qué reconstruir primero?
¿Y cuánto tiempo estimamos que tardaría Puebla en recuperar su actividad económica?
Si hoy no podemos responder con claridad esas preguntas, acabamos de encontrar otra asignatura pendiente. Porque un simulacro verdaderamente completo no debería ensayar solamente cómo salvar vidas durante un terremoto. También debería comprobar que existen instituciones, dinero y reglas preparadas para reconstruir dignamente la vida de quienes sobreviven.
Ahí está la diferencia entre reaccionar ante un desastre y estar realmente preparados para él.
