Un estudio sin precedentes pone rostro a la niñez en situación de calle en Puebla: ¡372 infantes!
Luego de una dura ivestigación de campo, Casa del Sol, identificó a 372 niñas, niños y adolescentes expuestos diariamente al trabajo infantil, la mendicidad, la violencia y otras formas de explotación; el diagnóstico exige respuestas que vayan mucho más allá de reformas legales
La presencia de niñas, niños y adolescentes trabajando, pidiendo dinero o permaneciendo durante horas en cruceros, mercados y puentes se ha vuelto tan cotidiana que corre el riesgo de dejar de indignarnos. Están ahí, frente a todos, pero muchas veces permanecen invisibles para las políticas públicas y para una sociedad que ha terminado por acostumbrarse a lo inaceptable.
Un estudio presentado por Casa del Sol, que actualmente preside la Red por la Infancia y la Adolescencia en Puebla (RIA), busca romper esa normalización y colocar el problema en el centro de la discusión pública. La investigación “Registro de Niñez y Adolescencia en Situación de Calle en la Ciudad de Puebla y la Zona Conurbada” documentó la presencia de 372 menores de edad en calles de seis municipios poblanos.
Por su alcance territorial y el trabajo directo de observación realizado, se trata de un ejercicio sin precedentes para comprender la dimensión que tiene este fenómeno en Puebla y su zona metropolitana. Pero el mayor valor del estudio no está solamente en hacer visible el problema: sus hallazgos obligan a las autoridades y a la sociedad a preguntarse qué estamos dispuestos a hacer para transformarlo.
Una radiografía que recorrió 328 kilómetros
Para elaborar la investigación, Casa del Sol recorrió 328 kilómetros, identificó 378 ubicaciones y registró a 894 personas en situación de calle en los municipios de Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Atlixco y Santa Isabel Cholula.
Dentro de ese universo, la organización reportó la identificación de bebés, niñas, niños y adolescentes expuestos a diferentes condiciones de vulnerabilidad. La investigación clasificó su presencia en cuatro categorías: mendicidad, trabajo infantil, asociación y ocio.Los mercados, cruceros y puentes aparecen como los principales puntos de concentración. En estos lugares, algunos menores pueden permanecer más de ocho horas al día, frecuentemente cerca de personas adultas que consumen alcohol o drogas.
La exposición cotidiana a la calle incrementa los riesgos de atropellamientos, accidentes, violencia, desnutrición y distintas formas de explotación. También vulnera derechos fundamentales como el acceso a la alimentación, educación, vivienda, identidad, sano desarrollo, esparcimiento y protección.
Detrás de estas situaciones, advierte Casa del Sol, existe un denominador común: la pobreza y la pobreza extrema. Estas condiciones pueden desencadenar omisiones de cuidado, violencia y escenarios relacionados con la trata de personas con fines de mendicidad, trabajo forzado o explotación sexual.
No se trata, por lo tanto, de una decisión individual ni de un problema que pueda explicarse responsabilizando únicamente a las familias. Es una expresión profunda de desigualdad, ausencia institucional y desprotección social.
Retirar la patria potestad no resuelve el problema de fondo
La presentación del estudio ocurre en medio de la discusión sobre posibles reformas al artículo 628 del Código Civil de Puebla, relacionadas con la pérdida de la patria potestad en casos de mendicidad forzada o trabajo infantil con fines de explotación.
Casa del Sol reconoce la intención de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, pero advierte que retirar la patria potestad, por sí mismo, sería una respuesta limitada frente a un fenómeno vinculado también con la pobreza extrema y las carencias sociales.
La organización plantea una pregunta incómoda pero indispensable: ¿tiene Puebla la capacidad institucional para proteger adecuadamente a todos los menores que pudieran ser separados de sus familias?
Actualmente se estima que 342 niñas y niños se encuentran bajo resguardo público o privado. Incorporar de manera inmediata a otros 372 menores representaría prácticamente duplicar la población atendida y ejercería una presión considerable sobre las casas hogar y los Centros de Asistencia Social.
Una reforma legal sin presupuesto, infraestructura, personal especializado y alternativas para las familias podría terminar trasladando el problema de las calles a instituciones que no necesariamente cuentan con capacidad suficiente para enfrentarlo.
Tres acciones para comenzar a cambiar la realidad
A partir de los resultados de la investigación, Casa del Sol propone tres medidas concretas.
- La primera es que el Gobierno del Estado elabore un censo estatal de personas en situación de calle, con información desagregada por edad, género y características generales. El levantamiento deberá incluir procesos de escucha y diálogo, además de garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes.
- La segunda propuesta consiste en que el Congreso de Puebla cree una Comisión Especial y Permanente de Protección, Cuidado y Apoyo para la Niñez y Adolescencia en Situación de Calle.
- La tercera plantea que el Sistema Estatal DIF, en alianza con organizaciones de la sociedad civil, fortalezca y amplíe los Centros de Día. Estos espacios permitirían brindar alimentación, protección, atención y acompañamiento a los menores mientras sus familias buscan el sustento diario.
Las propuestas apuntan hacia una estrategia integral: conocer con precisión la magnitud del fenómeno, establecer responsabilidades institucionales permanentes y construir alternativas que atiendan tanto a los menores como a sus entornos familiares.
Del dato a las decisiones
Casa del Sol anunció que organizará foros y simposios para reunir a organizaciones civiles, activistas, universidades, especialistas y ciudadanía en la construcción de soluciones. También convocó a sumarse a la campaña #InfanciaSegura, compartiendo propuestas, experiencias y problemáticas comunitarias sin exponer la identidad de los menores.
La organización cuenta con más de 36 años de trabajo y afirma haber acompañado más de 1,500 historias de niñas y niños que fueron albergados temporalmente mientras se resolvía su situación jurídica. Estos procesos han derivado en restituciones familiares o adopciones.
El estudio representa un avance necesario porque permite mirar lo que durante años ha permanecido frente a nosotros. Sin embargo, documentar la problemática será insuficiente si los datos terminan archivados, convertidos en discursos o utilizados solamente para justificar reformas aisladas.
Las autoridades estatales, los ayuntamientos, el Congreso, el sistema DIF, las organizaciones civiles, las universidades, el sector empresarial y la ciudadanía tienen responsabilidades distintas, pero comparten una misma obligación: impedir que la calle continúe sustituyendo al hogar, la escuela y los espacios de protección.
Puebla ya cuenta con una radiografía inicial. Ahora necesita presupuesto, coordinación, políticas de prevención, atención a las familias, infraestructura suficiente y mecanismos de evaluación pública.
Este estudio debe invitarnos a reflexionar, pero sobre todo a actuar. Porque cuando un niño pasa ocho horas diarias en un crucero, el fracaso no es únicamente de su familia: es también el fracaso de una sociedad y de un Estado que lo vieron todos los días y no hicieron lo suficiente para cambiar su historia.
