Por: thomas.karig@tkonsult.com.mx
Uno de los mecanismos que implementó el gobierno de Alemania para incentivar la reducción de emisiones de gases causantes del calentamiento global es la “Cuota de Reducción de Gas Invernadero”. Empresas que emiten altos niveles de estos gases, como por ejemplo las del sector petrolero, están sujetas por ley a reducir sus emisiones año con año. Si no logran sus objetivos, pagan una multa de 600 Euros por tonelada de CO2 que se excede de los límites.
Si invierten en energías renovables, esto compensa en parte sus emisiones. Y desde 2022, pueden adquirir certificados de reducción que generan los autos eléctricos. Los compradores de estos autos que (por lo menos en teoría) no emiten gases invernadero, pueden obtener un certificado que pueden transferir a empresas que tienen que compensar sus emisiones. La operación de compraventa la hacen intermediarios que compran grandes cantidades de certificados y se los venden a las empresas petroleras. El valor de estos certificados varía de acuerdo con la oferta y la demanda. En el año 2022 se podían obtener 400 Euros por auto, con la expectativa de repetir ese ingreso anualmente.
Pero en 2023 el valor empezó a bajar, primero a 100 Euros, y actualmente está en 60 Euros. Una medida que pretendía incentivar la compra de autos eléctricos quedó sin efecto, con todo un proceso administrativo que ya no aporta valor.
¿Que pasó? En 2023, las empresas petroleras empezaron a comprar biodiesel en China, que supuestamente fue producido sin emitir CO2. Además, estas empresas adquirieron certificados de reducción de CO2 de supuestos proyectos de protección climática en el mismo país. Estos certificados eran tan baratos, que las petroleras dejaron de comprar los de los autos eléctricos, causando el desplome de su valor.
Ahora resulta que varios de los certificados chinos estaban falsificados, tanto en lo que refiere a la producción del biodiesel como a la existencia de tales proyectos ecológicos. Esto se descubrió por una investigación periodística en colaboración con la asociación de agencias automotrices.
La agencia ambiental del gobierno federal alemán, que había avalado los certificados en base a los datos proporcionados por las autoridades chinas, tuvo que retomar el tema. La agencia ambiental alemana está en el centro de la crítica por no haber actuado oportunamente, tanto en la revisión de los certificados como en el seguimiento a denuncias que ya se habían hecho desde abril de 2024. Ahora tendrá que revisar a fondo la validez de los documentos, y determinar el monto del daño que se ocasionó. El valor total de los certificados involucrados se estima en 600 millones de Euros.
Los perjudicados son las empresa petroleras alemanas que pagaron por un documento sin validez, y que difícilmente recuperarán esos pagos. Pero también se vieron afectados los compradores y usuarios de autos eléctricos que contaban con reducir en algo su inversión.
Este caso se convierte en otro ejemplo de greenwashing, o de simulación ambiental, que tanto daño le hace al movimiento ecologista. Una de las causas es la falta de debida diligencia por parte de las empresas petroleras, que no investigan a quien le compran este tipo de certificados. Cabe la sospecha que esto no les preocupaba mucho, ya que lo vieron como un trámite mas y no un tema de responsabilidad ambiental. Lamentablemente, lo mismo se puede afirmar de la actuación de la agencia ambiental alemana y de las autoridades chinas
involucradas.
En resumen, un caso que no abona a las buenas relaciones comerciales de Alemania y China, de por si tensas por el asunto de la importación, irónicamente, de autos eléctricos. En el contexto del ESG, queda nuevamente de manifiesto la fundamental importancia de fortalecer las acciones de responsabilidad social y ambiental con un modelo de Gobernanza con Integridad, que asegure cumplimiento, considere los riesgos y ponga la ética empresarial en primer lugar.
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