Hace cuatro meses, el 22 de marzo para ser exactos, que está tomada la planta de la embotelladora de agua Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla, sí, el mismo del famosísimo mega socavón que apareció dos meses después.
El domingo 8 de agosto, cien personas que no son de la región, ya que llegaron en autobuses comerciales, entraron ilegalmente a la embotelladora poniendo a mujeres y niños por delante, y ante los ojos de la policía, provocaron un incendio dentro de la planta junto a los tanques de gas LP y al laboratorio que tiene materiales inflamables, poniendo en riesgo hasta sus propias vidas.
Luego trataron de prender llamas a un camión, lo que hubiera aumentado los riesgos para la comunidad. ¿Y la policía? Si, pintada ahí con macanas y toda la cosa.
¿A quién favorece desestabilizar la zona y que una fábrica con permisos de Conagua esté bloqueada por tanto tiempo? 600 personas colaboran en esa empresa, la gran mayoría son de la propia comunidad, ¿para qué darle en la torre al ingreso de tantas familias?
Mucho se ha especulado de si la extracción de agua del subsuelo por parte de la empresa ha mermado la distribución igualitaria del agua para la comunidad.
Aunque estas aseveraciones no están demostradas, la aparición de la atracción turística de la zona atrajo la mirada de investigadores de todo el país para poder saber el origen del hundimiento y así como han sido indiferentes al conflicto de la empresa, las autoridades federales prácticamente se lavaron las manos diciendo que el socavón se había formado por causas naturales.
Según datos de la propia Conagua, hasta el 70% del agua en el país es utilizada por la actividad agrícola.
Es indiscutible que la gran asignatura pendiente para optimizar el uso de agua potable en todo México está en tecnificar el campo.
En su momento, la propia Secretaría de Medio Ambiente en el estado habló de miles de pozos clandestinos que utiliza la propia comunidad para abastecerse de agua.
Entonces, ¿por qué se siguen legitimando las protestas anarquistas y violentas sobre una empresa legal y con permisos, en lugar de cambiar la clandestinidad por orden y paz comunitaria?
Y hablando de permisos de Conagua e ilegalidad, hay otra contradicción, ¿Cómo es posible que a Bonafont que tiene permiso federal y paga derechos, la tengan bloqueada, mientras que a una empresa como Maritex, en San Salvador el Verde, que opera con un pozo clandestino, invade zona federal y descarga agua contaminada al río, tenga multas desde 2011 y hoy siga amparado, pero operando con normalidad?
Y de estos casos, muchos, pero esta guerra contra Bonafont parece tener un oscuro interés de desestabilización política, otra más a las que nos han venido acostumbrando en este país.