La reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas impulsadas por el gobierno federal han generado preocupación en sectores productivos como la industria y la agricultura. Empresas y especialistas advierten que los cambios podrían aumentar la sobrerregulación, limitar la transferencia de concesiones y otorgar facultades excesivas a la Conagua, sin fortalecer su operación ni presupuesto.
Conagua tendrá mayor control sobre el uso del agua
De acuerdo con Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación A.C. y del proyecto Agua en México, la reforma abre la puerta a que la Conagua reasigne el agua concesionada que no se utilice, lo que genera incertidumbre jurídica para los concesionarios.
“Si tengo un derecho y no utilizo agua, la Conagua podrá disponer de ese recurso. Esto representa un peligro para la industria”, advirtió.
Bustamante señaló que la reforma no incluye mejoras internas ni mayor presupuesto para la institución, pese a que se le otorgarán nuevas responsabilidades.
En la #MañaneraDelPueblo, la Presidenta @Claudiashein explicó que el agua siempre ha sido un bien estratégico de la nación, y en los gobiernos de la Transformación se reafirma su reconocimiento como tal y no como una mercancía. pic.twitter.com/FSmmUwqnWm
— Conagua (@conagua_mx) November 26, 2025
La industria enfrentará más trámites y costos
El especialista alertó que la reforma generará una sobrecarga burocrática en la Conagua y mayores costos para las empresas, especialmente aquellas que buscan aprovechar agua de lluvia o que realizan tratamiento de aguas residuales, un rubro donde el sector industrial ya lidera las buenas prácticas en México.
“La ley establece que, para captar agua de lluvia, las empresas deberán obtener un permiso. Esto puede convertirse en un obstáculo grave”, explicó.
Actualmente, la industria aprovecha hasta el 60% de los recursos hídricos disponibles para reutilización o tratamiento, cifra que podría verse afectada por la nueva regulación.
Potabilización y organismos operadores, otro problema crítico
Bustamante también señaló que el 100% de los organismos operadores de agua en México incumple con la entrega de agua potable en los estándares adecuados, lo que se traduce en riesgos para la salud pública.
“La tasa de enfermedades gastrointestinales ha aumentado por el consumo de agua contaminada”, afirmó.
Sumó otro problema: la proliferación de negocios rellenadores de agua, estimados en más de 50 mil establecimientos, la mayoría sin regulación clara y sin evidencia de que el agua que expenden sea segura.
Expertos denuncian falta de claridad jurídica en las reformas
Para Óscar Arredondo Pico, especialista en políticas públicas, la coexistencia de dos leyes —la reformada Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas— genera fragmentación normativa y falta de claridad jurídica.
El experto aseguró que la propuesta mantiene el enfoque neoliberal heredado desde 1992, lo que, en su opinión, contribuyó a la actual crisis hídrica del país.
“No es una ley de vanguardia. Mantiene esquemas de discrecionalidad absoluta y muchos sectores se ven afectados por cambios que, aunque pequeños, son significativos”, subrayó.
Arredondo destacó que la Conagua cuenta con apenas 150 inspectores para supervisar concesiones a nivel nacional, lo que evidencia una regulación insuficiente.
México enfrenta una crisis hídrica: dejar la ley como está sería peor
A pesar de las críticas a la reforma, Arredondo advirtió que mantener el marco jurídico actual representaría un riesgo mayor:
“El mayor peligro es quedarnos igual. Los cambios buscan atender una intención legítima de mejorar la gestión del agua”, concluyó.
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