El Gobierno de Puebla implementará una prueba piloto para reubicar la caseta de Atlixco con el objetivo de mejorar la movilidad en la zona.
Coordinación con Pinfra para la reubicación
José Luis García Parra, coordinador de Gabinete de Alejandro Armenta Mier, anunció durante una conferencia de prensa que ya se llevó a cabo una reunión con Pinfra, la empresa concesionaria de la autopista, la cual mostró disposición para colaborar en este proyecto.
Detalles de la prueba piloto
La prueba piloto consistirá en trasladar la caseta a la altura del acceso a la autopista Siglo XXI. Con ello, se busca evaluar si este cambio ayuda a disminuir el congestionamiento vial que actualmente afecta a Lomas de Angelópolis, particularmente en las inmediaciones del Chedraui Selecto y la gasolinera.
Presentación del proyecto y próximos pasos
García Parra adelantó que en los próximos días se presentará el proyecto formal junto con un estudio técnico que respalde la iniciativa. Aunque no precisó una fecha exacta, afirmó que la prueba piloto se llevará a cabo en las siguientes semanas.
Concesiones de Pinfra en Puebla
Respecto a las concesiones de Pinfra en Puebla, explicó que la empresa tiene cuatro concesiones propias y una compartida con Aleatica, casi todas con una vigencia de 60 años. Entre ellas están la autopista Siglo XXI (vigente hasta 2066), Virreyes-Teziutlán, Apizaco-Huauchinango, y la Vía Atlixcáyotl (hasta 2072), así como la de San Martín-Huejotzingo (hasta 2046). La concesión compartida con Aleatica corresponde al libramiento elevado de la México-Puebla, vigente hasta 2076.
Revisión del contrato de Agua de Puebla
En otro tema, el coordinador informó que avanzan las mesas de trabajo para revisar el contrato de concesión de Agua de Puebla. Adelantó que se realizarán modificaciones para asegurar que la empresa garantice el suministro adecuado del servicio.
Certidumbre jurídica ante contratos desventajosos
Finalmente, Alejandro Armenta Mier destacó que una vez renovado el Poder Judicial, se podrá contar con mayor certeza jurídica respecto a litigios relacionados con contratos desventajosos para el gobierno, evitando así que el erario continúe pagando indemnizaciones millonarias a empresas privadas.
