Una propuesta en el Congreso de Puebla busca regular la coordinación entre seguridad pública y privada en fraccionamientos, ante el crecimiento del gasto en vigilancia privada y los vacíos legales existentes
En un contexto donde la seguridad en Puebla se ha convertido en un asunto cotidiano —y cada vez más privatizado—, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa que pone el foco en un tema sensible: la falta de reglas claras entre la seguridad pública y la seguridad privada en fraccionamientos.
La propuesta plantea reformar la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer un modelo de coordinación regulada entre policías municipales y empresas de vigilancia privada, un terreno que actualmente opera con vacíos legales y esquemas informales.
La seguridad privada en Puebla: una realidad sin marco sólido
La iniciativa parte de un diagnóstico claro: la seguridad privada ya es parte del paisaje urbano, pero sin una regulación efectiva.
Algunos datos que contextualizan el problema:
- En Puebla, cada vez más fraccionamientos contratan seguridad privada ante la percepción de inseguridad.
- De acuerdo con la ENVIPE del INEGI, más del 60% de la población urbana considera inseguro su entorno.
- El sector de la seguridad privada en México ha crecido aceleradamente, con regulación desigual entre estados y municipios.
- El principal problema no es su existencia, sino la falta de coordinación, supervisión y límites legales claros.
¿Qué propone la iniciativa sobre seguridad privada y fraccionamientos?
La reforma no busca crear policías paralelas, sino ordenar y regular la interacción entre actores públicos y privados. Entre los puntos clave destacan:
- Coordinación operativa regulada entre policías municipales y seguridad privada.
- Intercambio de información bajo criterios legales definidos.
- Obligaciones de capacitación y certificación del personal privado.
- Delimitación precisa de funciones: qué pueden y qué no pueden hacer los guardias.
- Responsabilidades administrativas ante colaboraciones indebidas.
- Subordinación expresa a la autoridad pública.
- Respeto a los derechos humanos.
En términos prácticos: eliminar la improvisación que hoy predomina en muchos fraccionamientos.
Por qué esta reforma importa para Puebla
Desde una perspectiva de política pública y economía, la iniciativa podría tener impactos relevantes:
- Reduce riesgos legales para municipios que hoy toleran esquemas informales.
- Profesionaliza un mercado que mueve millones de pesos al año.
- Disminuye zonas grises donde se diluyen responsabilidades ante abusos.
- Mejora tiempos de respuesta ante emergencias, si la coordinación funciona.
- Contribuye a recuperar confianza ciudadana, afectada por prácticas opacas.
Regular no implica militarizar ni privatizar la seguridad pública, sino reconocer una realidad existente y encauzarla legalmente.
Las preguntas clave que deja la iniciativa
El planteamiento también abre debates inevitables:
- ¿Tienen los municipios capacidad real de supervisión?
- ¿Existirán padrones públicos y verificables de empresas y guardias?
- ¿Cómo se fiscalizará el uso de armas, equipos y protocolos?
- ¿Habrá sanciones efectivas para quienes incumplan la ley?
Sin estos candados, la reforma corre el riesgo de quedarse en el plano discursivo.
Conclusión: regular o renunciar
La iniciativa de Celia Bonaga Ruiz apunta en una dirección clara: ordenar lo que ya existe. En un estado donde la seguridad privada es parte del día a día, no regular equivale a una renuncia del Estado.
El reto está en quién vigila al vigilante, porque en materia de seguridad, la improvisación siempre termina cobrando factura.
Te sugerimos:
