Se arman los delincuentes, desarman a los ciudadanos, y México culpa a los fabricantes de armas (no es chiste, es anécdota)

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 Esta historia se remonta a un no muy lejano año 2021, cuando el entonces canciller de México y ahora Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon era el portavoz de una demanda penal contra 13 fabricantes de armas en Estados Unidos, entre las que se encontraban marcas como: Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Glock, Colt’s, Ruger, entre otras, donde se buscaba una compensación por los daños económicos y sociales derivados de la violencia armada en el país. Esta maniobra en su tiempo fue vista por muchos como un sinsentido y por otros como un audaz movimiento de la administración del entonces presidente López Obrador.

Inicialmente, aunque la demanda había sido admitida, un juez rechazó la demanda del gobierno mexicano, argumentando que la legislación vigente exime a los fabricantes de armas de cualquier responsabilidad por el uso ilegal de sus productos. Sin embargo, un tribunal de apelaciones reabrió el caso, apoyado en la afirmación de México de que entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en crímenes fueron traficadas desde Estados Unidos, según documentos judiciales.

Los fabricantes han solicitado que la Corte Suprema norteamericana revoque esta decisión, advirtiendo que podría desencadenar una oleada de demandas tanto de gobiernos extranjeros como de Estados Unidos, intentando responsabilizar a la industria armamentística por la violencia causada por los usuarios de sus productos y si lo vemos de forma objetiva y seria, tienen razón, y ahora pondremos un ejemplo de esto:

Lo que se está demandando es tan absurdo como intentar denunciar penalmente a las empresas automotrices por las muertes causadas por conductores en estado de ebriedad o denunciar a las empresas embotelladoras de cerveza por la violencia ejercida hacia las mujeres llevada a cabo por hombres bajo el efecto de sus productos. Las fábricas de armas no venden directamente al público civil. Es decir, lo hacen a través de armerías legalmente establecidas. El verdadero problema radica en la falta de supervisión adecuada sobre estas armerías en Estados Unidos. En todo caso, la solución al problema sobre el tráfico de armas desde la Unión Americana, también llamado “Río de metal” (por la cantidad de armamento que pasan de Estados Unidos a territorio mexicano) es generar una estrategia de mayor vigilancia y estricto control de las ventas de que se hacen, así como el establecimiento de reglas claras para los compradores de armamento así como un trabajo coordinado dentro de las aduanas por parte de ambas naciones. Quien quiere importar legalmente, enfrenta toda serie de trabas burocráticas y administrativas, incluyendo ahora señalamientos sobre cuotas «no arancelarias» del crimen organizado, mientras que quien quiere saltarse la ley lo hace sin tantas trabas…. incluyendo, ingresando armas de fuego y sus componentes que terminan en manos del crimen organizado y no organizado (y esto también es la cruda verdad).

Lo anterior, sin llegar a los extremos de México, donde un derecho constitucional (artículo 10º) que es poseer un arma de fuego para protección domiciliaria, actividades cinegéticas y de tiro deportivo está siendo sobre regulado, complicando aún más el acceso legal a las armas para los ciudadanos, lo que genera que muchas armas dentro del mercado negro no vayan a grupos delincuenciales como se supone, sino a ciudadanos que tratan de defender a su familia y sus pertenencias (esto es un hecho nos guste o no).

En México, adquirir un arma de fuego legalmente implica cumplir con una serie de requisitos estrictos, los cuales quienes poseemos armas debidamente registradas para las actividades antes mencionadas (protección domiciliaria, caza o tiro deportivo) cumplimos a cabalidad. Sin embargo, las leyes actuales parecen estar diseñadas para desarmar a los ciudadanos, no a los delincuentes. ¿Por qué? Porque los delincuentes, por definición, no siguen las leyes. Así que ellos seguirán la tendencia de hacerse de armamento de forma ilegal. Hoy en día se tiene una propuesta para restringir más el acceso a las armas a los ciudadanos y reitero: a los ciudadanos; personas que hemos comprobado un modo honesto de vivir, pasado exámenes psicológicos, y requisitos documentales.

En lugar de culpar a otros países o entidades privadas por la crisis de violencia en México, deberíamos concentrarnos en problemas verdaderamente relevantes como la salud, la seguridad, la impunidad y la economía. Estos son factores que alimentan la percepción de que la violencia es una solución viable a los problemas sociales del país.

Un miembro de la delincuencia organizada no va a entregar su arma, ya que es su herramienta de trabajo. La propuesta de modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos busca desarmar a los ciudadanos, algo completamente diferente y contraproducente y desgraciadamente las propias cifras del estado mexicano han dejado claro en la crisis que en materia de seguridad estamos. Aunque en conferencias matutinas se diga desde hace años lo contrario, solo basta ver cifras de entidades estatales, organizaciones internacionales, así como ONGs para comprobarlo.

Es momento de dejar de culpar a terceros o a gobiernos pasados por lo que ocurre en México. Necesitamos unirnos, pero en torno a nuestro país, no en torno a ningún gobierno en particular. Al final del día, no podemos vivir con miedo al Estado; es el Estado el que debe temer al verdadero soberano: el ciudadano.

La demanda contra los fabricantes de armas y la intención de modificar una ley que ya es anacrónica y obsoleta (es de principios de la década de los 70´s), refleja la falta de disposición de los servidores públicos encargados de legislar para buscar asesoría de verdaderos especialistas. Solo a través de propuestas concretas, correctas y viables podremos avanzar hacia el control de la violencia y la delincuencia en nuestro país. Lo único que nos van a gritar desde las Cortes en Estados Unidos con esta demanda será un: ¡ya siéntese señora! y eso no necesita la jefa del Estado mexicano, necesita propuestas que abonen, que unan y que resuelvan.

Contacto: hidalgomontes@gmail.com