Romper el silencio, dignificar la voz: por un sistema que respete y proteja a niñas y niños víctimas de abuso sexual

Por Enrique Valentín

Romper el silencio, dignificar la voz: por un sistema que respete y proteja a niñas y niños víctimas de abuso sexual.

Desde la trágica estadística que recientes medios han replicado —que 1 de cada 4 niñas en México sufre abuso sexual— hasta la exposición pública más reciente en Puebla, queda clara una urgente verdad: el silencio se alimenta del vacío institucional. Que Casa del Sol haya estado presente en esa rueda de prensa no es una simple participación simbólica: es una responsabilidad. Como director de un hogar que día a día acoge, escucha y acompaña niñas y niños en riesgo, no puedo limitarme a observar desde afuera: es imperativo exigir, proponer, empujar transformaciones profundas.

Cuando escuchamos que una de cada cuatro niñas ha sido agredida sexualmente, no hablamos de estadísticas muertas; hablamos de historias que llevan años sin ser visibles, inmersas en vergüenza, culpa inducida, amenazas de silencio y complicidades familiares. Y más aún: hablamos también de un sistema judicial que, a menudo, no logra escucharlas o peor aún, las vuelve a vulnerar. En muchas ocasiones, la carga probatoria queda en manos de la víctima menor: interrogatorios repetidos, plazos que se alargan, procedimientos burocráticos, amenazas tácitas con la credibilidad.

En el trayecto hacia una sentencia justa, la niña o el niño puede convertirse en víctima tantas veces como ha de rendir su declaración; en el peor de los casos, el juez no considera seriamente su testimonio, al argumentar “imprecisiones” propias de su edad o traumatismo, invalidando así su verdad.

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He trabajado con niñas que han tenido que declarar hasta tres o cuatro veces en procesos distintos: en la Fiscalía, ante policía, ante peritos y, finalmente, en el juzgado, por eso algunas llegan a rendirse del proceso; otras padecen daño psicológico adicional. Evidentemente esa revictimización ya constituye en sí misma una forma de violencia institucional, por eso no basta con reconocer el derecho de las víctimas de ser escuchadas: ese derecho debe transformarse en procedimientos concretos, ágiles, especializados, no traumáticos.

En ese sentido, la entrevista única psicológica surge como una de las medidas más avanzadas y necesarias para proteger a víctimas menores de edad; esta no es solo una buena práctica, sino un estándar internacional para evitar la revictimización y fortalecer la calidad probatoria. Consiste en realizar una sola entrevista, bajo condiciones controladas, por un psicólogo o profesional especialmente capacitado y esta declaración queda videograbada de forma integral, de modo que puede servir como evidencia válida en las etapas judiciales posteriores; el procedimiento se adapta al nivel de desarrollo de la niña o el niño, usando lenguaje apropiado, pausas, apoyos visuales y técnicas de contención emocional.

Las partes involucradas no vuelven a interrogar directamente a la posible víctima; se limitan a cuestionamientos sobre la declaración ya videograbada, reduciendo así el riesgo de contradicciones forzadas.

Con este modelo se minimiza la exposición al trauma, se preserva la consistencia del relato y se reduce la manipulación. En Chile, por ejemplo, la Ley de Entrevistas Videograbadas incorporó este tipo de procedimiento con rango legal, con el objetivo de disminuir la victimización secundaria y en México, aunque algunas leyes ya reconocen conceptos similares, su aplicación aún queda supeditada a discrecionalidades, falta de recursos y brechas prácticas.

Ahora bien, para que esta herramienta cumpla su potencial, no basta con decretarla. Es necesario garantizar que sea obligatoria en casos de abuso sexual a menores de edad, que exista infraestructura especializada como cámaras Gesell en todas las fiscalías, que haya personal capacitado de manera constante en psicología del testimonio infantil, que se asignen recursos específicos para su sostenimiento y que se reconozca plena validez probatoria a la declaración única.

También resulta indispensable contar con mecanismos de supervisión que aseguren la calidad y la ética en la aplicación del procedimiento, así como acompañamiento integral para las víctimas, no solo en el proceso judicial, sino en su recuperación emocional.

Los obstáculos no son menores. Existe falta de voluntad política, carencia de recursos, rotación constante de personal y una cultura institucional que aún se resiste a cambiar prácticas obsoletas, a ello se suma la descoordinación entre fiscalías, poderes judiciales y órganos de protección de la infancia, que actúan sin protocolos comunes. Todo esto mantiene a muchas víctimas atrapadas en la revictimización y, en consecuencia, en la impunidad.

Frente a este panorama, como director de una casa hogar hago un llamado a la acción legislativa y social. Los diputados deben legislar con perspectiva de derechos de niñez y garantizar la obligatoriedad de la entrevista única psicológica en el Código Nacional de Procedimientos Penales; las fiscalías tienen que destinar recursos para que este modelo no sea una excepción, sino la regla.

El Poder Judicial debe comprometerse a valorar las declaraciones videograbadas con el mismo peso que un testimonio presencial. Y la sociedad civil, junto con medios de comunicación responsables, tiene la tarea de vigilar y exigir que esto se cumpla, manteniendo vivo el debate.

Si crecemos en una cultura que no tolere la violencia contra niñas y niños, y que exija justicia verdaderamente adaptada a ellas y ellos como sujetos de derechos en el presente, podremos comenzar a transformar ese silencio impuesto. La entrevista única psicológica no es un lujo: es una herramienta de dignidad, justicia y reparación. Lo que hacemos en Casa del Sol, lo hacemos con la convicción de que un hogar no solo cuida cuerpos, sino también voces; nuestra tarea no termina al recibir víctimas: debemos seguir luchando hasta que cada niña y niño encuentre en el sistema institucional un aliado, no un agresor adicional. Y eso requiere leyes, recursos, formación y voluntad política.

Celebro la campaña de la RIAJ, invito a todos los sectores —familias, escuelas, instituciones de justicia, organizaciones sociales y ciudadanía en general— a sumar esfuerzos en este tema. La protección de niñas y niños frente al abuso sexual no puede quedar solo en manos de unos cuantos, sino convertirse en una causa compartida que trascienda colores políticos e intereses personales.

Solo caminando juntos podremos construir un país donde cada voz de niñas, niños y adolescentes sea escuchada con respeto y cada historia marcada por el dolor encuentre en la sociedad un refugio y en la justicia una verdadera reparación.

Enrique Valentín

Director Ejecutivo de Casa del Sol