El Congreso del Estado de Puebla aprobó reformas al Código Penal para tipificar como delitos el ciberasedio, el espionaje digital, el ciberacoso y la usurpación de identidad digital, los cuales serán castigados con penas de hasta 15 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.
Durante la sesión ordinaria, la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, aseguró que estas reformas no buscan restringir la libertad de expresión ni censurar a los medios de comunicación, sino fortalecer el marco legal en materia de ciberseguridad, especialmente para proteger a niñas, niños y adolescentes.
“No solo es ciberacoso, ahora hablamos también de ciberasedio: una conducta reiterada de acoso digital que ocurre frecuentemente en instituciones educativas y que está ligada al bullying y otras formas de violencia”, puntualizó García Chávez.
Foto: Gobierno lanza primer lote de café liofilizado “5 de Mayo”
Reforma desata debate en el pleno
Aunque la mayoría de las y los legisladores respaldaron la iniciativa, la discusión generó tensiones en el pleno. Diputadas de oposición acusaron a la bancada mayoritaria de aprobar el dictamen en “fast track”, sin realizar un análisis profundo ni llevar a cabo mesas técnicas con especialistas.
La diputada del PAN, Susana Riestra Piña, advirtió que esta reforma representa una sobrerregulación en la materia y criticó que se haya impulsado sin suficiente discusión legislativa.
Por su parte, la priista Delfina Pozos Vergara protagonizó un intercambio con la diputada de Morena, Nayeli Salvatori, a quien acusó de no involucrarse en el trabajo de campo ni escuchar las demandas ciudadanas.
Votación final y objetivo de la reforma
Pese a los señalamientos, el dictamen fue aprobado con 35 votos a favor, 5 en contra y una abstención.
La iniciativa original fue presentada por el entonces diputado José Luis García Parra, con el respaldo del legislador Oscar Mauricio Céspedes Peregrina. Su propósito es castigar con mayor severidad los delitos cometidos a través de plataformas digitales, especialmente aquellos que vulneran la integridad de menores de edad y usuarios en situación de vulnerabilidad.
