
Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes
Frente al fracaso de los sistemas sociales, México ha vivido en los últimos años un alarmante aumento en los casos de un tipo de justicia colectiva por mano propia coloquialmente conocida como “linchamientos”. Esta práctica no solo refleja la desconfianza y el hartazgo de la ciudadanía en las instituciones encargadas de las políticas públicas, la seguridad, así como la procuración de justicia. Sin embargo, esta práctica ha sido utilizada muchas veces por la delincuencia organizada con el fin de ocultar sus actividades en algunas comunidades del país.
Entre los años 2020 y diciembre de 2024, se registraron más de mil intentos de linchamientos, así como linchamientos efectuados en todo el territorio nacional, con un promedio de más de 254 casos por año. Este fenómeno no solo representa una grave violación a los derechos humanos y el estado de derecho, sino que también evidencia la necesidad urgente de contar con personal policial especializado en negociación de crisis para prevenir estas tragedias y una comprensión por parte de los gobernantes de que los delegados de las secretarías de gobernación no puedes llevar a cabo dichas negociaciones para el control de crisis. Debiéndose limitarse únicamente a las negociaciones de ciertas exigencias mas no las que conllevan la seguridad de la ciudadanía, probables responsables de la comisión de algún delito (victima potencial de linchamientos) o involucrados (personas que amenazan con perpetrar el linchamiento).
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Los linchamientos son catalogados como manifestaciones extremas de violencia colectiva, donde una multitud decide castigar a una persona sin mediar proceso legal alguno. Este acto, además de ser ilegal, socava el estado de derecho y perpetúa un ciclo de violencia difícil de romper. Los linchamientos suelen surgir en contextos donde la población percibe una ausencia o ineficacia de las autoridades para impartir justicia, lo que lleva a las comunidades a tomar la ley en sus propias manos. Sin embargo, hoy en día se ha utilizado este tipo de fenómenos para poder encubrir operaciones ilícitas como puede ser el evitar que ingresen autoridades a poblaciones donde puede haber actividades como robo de hidrocarburo u operaciones de algunas células delictivas.
Para ilustrar lo anteriormente expresado, mencionaremos dos casos mediáticamente atendidos (mas no los únicos) que ilustran la gravedad de esta problemática. En marzo de 2024, en Taxco, Guerrero, la desaparición y asesinato de la niña Camila Gómez Ortega provocó la indignación de la comunidad. Ante la percepción de inacción por parte de las autoridades, una turba linchó a una mujer y agredió a dos hombres, que tenían probable implicados en el crimen. Otro caso emblemático ocurrió en noviembre de 2004, en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, Ciudad de México, donde tres agentes de la Policía Federal Preventiva fueron linchados por una multitud que los acusó erróneamente de intentar secuestrar a niños. Este hecho evidenció la falta de coordinación entre las autoridades y la desconfianza de la población hacia las instituciones de seguridad.
Diversos estudios señalan que los casos de linchamientos en México son consecuencia de una combinación multifactorial de carácter sociológica. La desconfianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como una marcada percepción de impunidad y falta de acceso a servicios institucionales son algunos de los elementos que contribuyen a que la población recurra a la justicia por propia mano. Además, la ausencia de canales efectivos de comunicación entre las autoridades y las comunidades agrava la situación, impidiendo una respuesta oportuna ante situaciones de crisis. Otro factor clave es que en masa, las personas pierden su individualidad y dejan de comportarse como un grupo de individuos para convertirse en una turba, es decir “una multitud, una muchedumbre, un grupo numeroso de personas que se mueve de manera desordenada, alborotada, y a menudo con un comportamiento no regulado”.
La presencia de personal policial especializado en negociación de crisis es fundamental para prevenir linchamientos y otros actos violentos. Estos profesionales deben estar capacitados para manejar situaciones de alta tensión, establecer comunicación efectiva con las partes involucradas y desescalar conflictos antes de que se tornen violentos y fuera de control. Expertos de talla internacional como Vince Dalfonzo agente del FBI y uno de los negociadores vivos más importantes actualmente demuestran que las crisis pueden ser: a) expresivas (movidas por sentimientos) como puede ser el asesinato de un niño y la violencia sexual hacia una mujer de la comunidad o b) instrumentales (con el fin de obtener algo como encubrir actividades ilícitas).Otro factor para tomar en cuenta es la de los famosos “rehenes”.
No todas las personas retenidas en una crisis son rehenes, estos deben cumplir ciertos criterios de instrumentalización de los mismos por lo que solo el 5% de las personas retenidas en situaciones de crisis son realmente rehenes. Por lo tanto, intentar que personas externas a las instituciones policiales sin formación en la materia se hagan cargo de las negociaciones abre la puerta para que en lugar de tener a un retenido (persona que amenazan con linchar) tengamos dos (el “negociador” de la secretaria de gobernación).Incluso, el mal informar a los medios de comunicación sobre lo ocurrido puede generar un descontrol en la situación que se está llevando a cabo. Hace unos años me tocó estar en el equipo que desarrolló un protocolo contra linchamiento y fue lamentable como un protocolo de seguridad se desvirtuó para volverse un protocolo para que los políticos se cubrieran las espaldas en caso de linchamiento, y la seguridad de la población, de los policías y de las personas retenidas ¡Muy bien gracias! Una persona con 20 años de servicio en alguna policía o en las fuerzas armadas no necesariamente sabe de negociación un criminólogo no necesariamente sabe de negociación (ni se diga un delegado de gobernación) para poder ser negociador de crisis te debes preparar para ser uno. Es decir, cualquier perfil de los antes mencionados funciona, siempre y cuando te especialices en ello.
Para fortalecer la capacidad de las corporaciones policiales en la prevención de linchamientos, es necesario implementar políticas públicas, criminológicas y policiológicas enfocadas en la capacitación y profesionalización del personal en negociación de crisis. Además de aprovechar que en la mayoría de los casos las instituciones policiales se vuelven “literalmente” en primer respondiente, es decir, son los primeros en llegar.Sin embargo, eso exige elementos policiales diferentes. El estudio «20 propuestas para una Agenda de Seguridad y Justicia», elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destaca la importancia de crear policías estatales y municipales bien formadas, surgidas de una genuina carrera policial, bien remuneradas y con derechos laborales adecuados. Además, se propone diseñar un modelo de investigación criminal que establezca las bases mínimas y la estructura para el funcionamiento del sistema penal, lo que permitiría una respuesta más efectiva ante situaciones de crisis.
Los linchamientos en México son una manifestación alarmante de la desconfianza ciudadana en las instituciones políticas, deseguridad, así como de procuración de justicia, pero también se han convertido en herramienta de grupos delincuenciales muy efectiva y mediática. Para prevenir estas tragedias, es imperativo contar con personal policial especializado en negociación de crisis, capaz de intervenir de manera oportuna y efectiva. La implementación de políticas públicas criminológicas y policiológicas enfocadas en la capacitación y profesionalización de las instituciones policiales es un paso fundamental para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y garantizar el respeto al estado de derecho. Los linchamientos en México se han convertido en un grito que nos dice que es momento de actuar con inteligencia, estrategia y humanidad. Profesionalizar a policías como negociadores, generar protocolos claros y concretos para estos casos y equipar correctamente a los negociadores con el equipo necesario para realizar esa función son, quizá, unas de las decisiones más urgentes y menos discutidas en la agenda nacional de seguridad.
Porque en México no puede haber lugar para más linchamientos.Ni por enojo, ni por abandono y mucho menos por complicidad.
hidalgomontes@gmail.com