La discriminación escolar hacia niñas y niños de centros de asistencia social: unadeuda con la infancia vulnerable
Por Maricarmen Concha Castellano.
Presidenta del Consejo de Directores de Grupo Voluntario Mexicano-Alemán, A.C.
El colegio debe ser un espacio de inclusión, desarrollo y protección para todas las niñas y niños. Sin embargo, aquellos que viven en centros de asistencia social—instituciones que les brindan resguardo ante situaciones de abandono, maltrato o desprotección familiar— frecuentemente sufren discriminación en el entorno escolar, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad. Esta discriminación puede ser sutil o evidente, pero en todos los casos constituye una violación a sus derechos fundamentales.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en su artículo 2, establece que: “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño […] sin distinción alguna.”
Este principio de no discriminación obliga a las instituciones educativas a tratar con equidad a todos los estudiantes, sin importar su situación familiar o lugar de residencia. No obstante, niñas y niños que viven en centros de asistencia social, muchas veces son estigmatizados por parte de personal docente, estudiantes y padres de familia. Se les etiqueta como “niños problema” o se les presupone incapaces de integrarse al ritmo escolar. Estas actitudes no solo generan exclusión social, sino que afectan su autoestima, rendimiento académico y permanencia en el sistema educativo.
Barreras institucionales: entre la desinformación y la negligencia
Los colegios, en algunos casos, no están preparados administrativamente ni emocionalmente para recibir a niñas y niños en protección. Exigen documentación legal que muchas veces no está al alcance inmediato de los centros de asistencia social, como actas firmadas por padres ausentes o autorizaciones familiares. Esta rigidez burocrática va en contra del principio del interés superior del niño, consagrado en el artículo 3 de la CDN y en múltiples leyes nacionales.
En México, por ejemplo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en su artículo 13, fracción VI, garantiza el derecho a: “una educación de calidad sin discriminación alguna”,
Mientras que el artículo 57 obliga a las autoridades escolares a: “adoptar medidas que eliminen barreras para la participación y permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo.” Pese a ello, muchos alumnos provenientes de centros de asistencia social, enfrentan retrasos en su inscripción, negativas para participar en actividades escolares, o tratos diferenciados que refuerzan el estigma de su origen.
El trato desigual y los prejuicios afectan profundamente a niñas y niños que ya han vivido experiencias traumáticas. Estudios sobre infancia institucionalizada revelan que la exclusión educativa puede generar sentimientos de aislamiento, abandono emocional y falta de pertenencia.
Según el informe del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, “los niños que viven en instituciones enfrentan obstáculos desproporcionados en la realización de sus derechos, especialmente en educación, salud y desarrollo afectivo.” (Observación General N.º 20, CRC/C/GC/20, 2016)
Es decir, si el colegio—que debería ser un espacio reparador— refuerza los mecanismos de exclusión, se pierde la oportunidad de romper el ciclo de la vulnerabilidad. Combatir esta forma de discriminación exige un enfoque integral. Las escuelas deben implementar políticas inclusivas, formación docente en temas de infancia vulnerable, trauma y resiliencia, y establecer protocolos claros para la integración de niñas y niños en situación de cuidado alternativo.
Además, se requiere una coordinación activa entre las autoridades educativas y los sistemas de protección infantil, para garantizar el cumplimiento de los derechos de estos estudiantes. El artículo 4 de la LGDNNA establece que todas las autoridades deben adoptar medidas para proteger y garantizar de manera prioritaria los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente aquellos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.
La discriminación que viven niñas y niños albergados en centros de asistencia social en los colegios no solo vulnera sus derechos, sino que perpetúa la exclusión social que ya enfrentan fuera del ámbito educativo. El sistema escolar tiene la obligación ética y legal de ser un espacio seguro, equitativo y transformador. No se trata de compasión, sino de justicia y cumplimiento de derechos. La inclusión real comienza cuando reconocemos que todas las niñas y niños, sin importar su historia, merecen las mismas oportunidades para aprender, crecer y soñar.
