Por: Abel Cuapa | Twitter: @abel_cuba
El Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil en Puebla concedió la suspensión definitiva en favor de la Fundación Mary Street Jenkins, cuyo patronato es presidido por Juan Carlos Jenkins de Landa, y en favor de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, que encabeza Margarita Jenkins de Landa.
Esta resolución del Poder Judicial de la Federación confirma que las acciones del patronato y rector espurios, así como de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, que controla el Gobernador Miguel Barbosa, han violado los derechos de ambas fundaciones y sus legítimos representantes.
A través de un comunicado, la defensa de los Jenkins señala que el dictamen confirma nuevamente la obligación de devolver el campus de la UDLAP para restituir las cosas al estado en que se encontraban hasta antes del atropello violento del 29 de junio, cuando la Policía Estatal armada invadió las instalaciones de la universidad.
El expediente del Amparo 1029 puede ser consultado en la base de datos pública del Consejo de la Judicatura Federal en la que quedará plasmada esta trascendental suspensión definitiva.
“La Fundación Mary Street Jenkins y la comunidad estudiantil y académica de la UDLAP exigen al Gobernador Miguel Barbosa que honre su palabra expresada públicamente en diversas ocasiones, para actuar conforme a derecho respetando las decisiones del Poder Judicial de la Federación”, se indica en el documento.
Agrega que el “grupo de espurios” han sido nuevamente derrotados ante la justicia federal en su ilegítima intención de apropiarse de patrimonio privado.
“El Juzgado de Distrito ha exhibido nuevamente los atropellos de litigantes sin escrúpulos que mienten a los medios de comunicación y a la opinión pública para generar un clima de zozobra e incertidumbre entre los poblanos y la comunidad universitaria”, afirma.
El exhorto sobre la ejecución de la decisión del Juzgado Federal será notificado el viernes 5 de noviembre al juez del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, adscrito en Cholula, que deberá darle trámite inmediato para materializar la entrega de las instalaciones de la UDLAP.
“Exigimos que, con la misma celeridad que mostró el aparato estatal para propiciar la invasión de la Universidad hace más de 4 meses, actúe en congruencia con el discurso de respeto a la legalidad ofrecido por Barbosa Huerta para que se cumpla a cabalidad y sin dilaciones o artimañas este mandato judicial que devolverá la certidumbre a la comunidad estudiantil y académica”, manifiestan en el pronunciamiento.
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