El Gobierno de Puebla enfrenta actualmente más de 100 contratos pendientes de pago, algunos con hasta 20 años de antigüedad, de los cuales 10 litigios concentran montos por aproximadamente 3 mil 500 millones de pesos, informó el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que esta situación representa uno de los principales retos financieros heredados por la administración actual, debido al impacto directo que tendría en las finanzas públicas.
Diez contratos concentran el mayor riesgo financiero
García Parra detalló que, de los 10 contratos más costosos, tres ya cuentan con sentencias emitidas en 2013, 2015 y 2023, por lo que el gobierno estatal inició negociaciones para reducir los intereses que se tendrían que pagar.
El objetivo, dijo, es alcanzar finiquitos que afecten lo menos posible las arcas públicas, sin dejar de cumplir con las resoluciones judiciales.
Señalan presunta delincuencia organizada en contratos
El coordinador de Gabinete aseguró que, tras la revisión preliminar, se identificó un modus operandi en el que presuntamente empresarios y funcionarios se asociaron para reclamar pagos por obras inexistentes, lo que podría configurar delitos relacionados con delincuencia organizada.
No obstante, reconoció que varios delitos ya habrían prescrito debido al tiempo transcurrido, aunque adelantó que los nombres de los involucrados serán exhibidos públicamente.
Gobierno prepara denuncias penales
Pese a la existencia de sentencias que obligan al pago en algunos casos, García Parra advirtió que se están integrando expedientes para proceder penalmente en todos los asuntos donde sea jurídicamente posible.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno es la dependencia encargada de conformar los expedientes, que posteriormente darán paso a denuncias penales formales.
Obras inexistentes, entre los contratos reclamados
El funcionario cuestionó que algunas empresas demandantes hayan incluido en sus querellas trabajos que nunca se realizaron, como el caso de una compañía que solicita indemnización por el Libramiento Poniente, obra que no fue construida.
Aunque no mencionó nombres, adelantó que estos casos serán documentados y dados a conocer públicamente una vez concluidas las investigaciones.
Antecedentes del caso
Cabe recordar que meses atrás, el gobernador Alejandro Armenta reveló la existencia de al menos cuatro contratos con sentencia firme, relacionados con obras inexistentes, que podrían obligar al estado a pagar más de 2 mil millones de pesos.
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