
Tras más de 13 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley de Amparo, una de las normativas más importantes para la defensa de los derechos en México.
La sesión, celebrada la madrugada del 15 de octubre de 2025, terminó con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, después de discutir más de 300 reservas.
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca “modernizar” el juicio de amparo para hacerlo más ágil y evitar que se use como herramienta dilatoria. Sin embargo, especialistas y organizaciones civiles advierten riesgos importantes para el acceso a la justicia.
¿Qué es la Ley de Amparo?
La Ley de Amparo regula el juicio de amparo, un mecanismo legal que protege a las personas frente a actos de autoridad que vulneren derechos humanos reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales.
Cada año, miles de ciudadanos, empresas y organizaciones recurren al amparo para defenderse de actos arbitrarios. Por eso, cualquier cambio en esta ley tiene un impacto profundo en la vida jurídica del país.
📝 Principales cambios aprobados en la reforma
La iniciativa contempla ajustes a diversas leyes, incluido el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entre las modificaciones más relevantes están:
- ❌ Limitación de suspensiones provisionales cuando el juez considere que afectan el “interés social” o “orden público”.
- 💰 Exclusión de la suspensión en casos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionados con recursos de procedencia ilícita.
- 🧍♂️ Redefinición del interés legítimo, limitando quiénes pueden promover amparos colectivos.
- ⏱ Plazos más estrictos, con un máximo de 60 días naturales para dictar sentencia en ciertos casos.
- 💻 Impulso a la digitalización, con equivalencia legal entre expedientes físicos y electrónicos.
- 📈 Multas basadas en UMAS, en lugar de salarios mínimos.
- 📚 Derogación de mecanismos de contradicción de criterios entre tribunales colegiados regionales.
🚨 Críticas y riesgos señalados por especialistas
Organizaciones civiles y académicos han advertido que las reformas pueden debilitar el amparo como herramienta de defensa ciudadana, al:
- Limitar suspensiones de actos de autoridad, lo que dejaría a personas sin protección inmediata ante abusos.
- Restringir la participación de organizaciones en amparos colectivos.
- Reducir la responsabilidad de funcionarios que incumplan sentencias.
- Aumentar la discrecionalidad judicial al definir conceptos como “interés social”.
- Priorizar cambios procedimentales sobre garantías sustantivas.
🔄 Retroactividad: el punto más polémico
Uno de los temas más controvertidos fue la inclusión de un artículo transitorio con carácter retroactivo, aprobado en el Senado. Este establecía que los casos en trámite se juzgarían con las nuevas reglas, lo que especialistas calificaron como inconstitucional.
La propia presidenta Sheinbaum rechazó este artículo, al señalar que violaba el artículo 14 constitucional, que prohíbe la retroactividad en perjuicio de las personas.
Finalmente, la Cámara de Diputados eliminó la cláusula retroactiva, devolviendo el planteamiento original: los casos en curso se regirán por la ley vigente al momento de su inicio.
🏛️ Reacciones y debate político
Durante la discusión, partidos de oposición como PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron irregularidades en el proceso legislativo. Presentaron mociones suspensivas para regresar el dictamen a comisiones, pero fueron rechazadas.
Legisladores de Morena aclararon que, al tratarse de una ley procesal, las etapas ya concluidas se mantendrán bajo la legislación anterior, mientras que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor se regirán por el nuevo decreto.
📌 Contexto y próximos pasos
La reforma a la Ley de Amparo forma parte de una agenda más amplia de cambios judiciales impulsados por el gobierno federal.
Los próximos meses serán clave para observar cómo se implementan estas modificaciones y si afectan de manera tangible el acceso de ciudadanos y organizaciones a la justicia constitucional.
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