Por: Abel Cuapa / Twitter: @abel_cuba
El Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) reporta que hasta junio de 2021 el personal ocupado total de la Industria manufacturera en Puebla correspondió a 766 mil personas, distribuidas en industrias manufactureras, alimentaria, bebidas y del tabaco, textiles, prendas de vestir, curtido y acabado de cuero y productos de cuero, madera, papel, conexas, productos derivados del petróleo y carbón, química, plástico y del hule, productos a base minerales no metálicos, metálicas básicas, metálicos, maquinaria y equipo, fabricación de equipo de comunicación, aparatos eléctricos, equipo de transporte, muebles, otras industrias y subsectores.
De ese total, en promedio 50 por ciento correspondía a personal de outsourcing, es decir más de 200 mil personas, quienes por ley ya deberán ser contratadas directamente por las organizaciones poblanas.
Ante ello, Germán Reyna Y Herrero, socio director de ARH Consultores, indicó que la eliminación del también llamado outsourcing a partir del 1 de agosto es uno de los grandes problemas que enfrenta la industria manufacturera, porque, además lo antes mencionado, las empresas deberán pagar el 10 por ciento de sus utilidades a los empleados. Porcentaje que corresponde a un límite máximo de tres meses del salario del trabajador o bien, el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, cualquiera que resulte más favorable al trabajador.
Dijo que la prohibición del outsourcing resulta complicada en un contexto donde la pandemia ha generado inversiones en infraestructura, como las telecomunicaciones, las cuales no estuvieron previamente planificadas. Y es que, a decir del especialista, en lo general el objetivo de la prohibición de la subcontratación de personal consiste en contratar, únicamente, servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de las empresas.
“Es decir, las empresas sólo podrán subcontratar personas que realicen actividades que están fuera de su área de especialización. Por ejemplo, una constructora ya no podrá contemplar a los colaboradores en áreas de albañilería, carpintería o plomería en el esquema de outsourcing, tendrá que brindar, por ley, seguridad social, Infonavit e integrarlos como parte de su nómina, situación que puede elevar los costos hasta en un 60 por ciento”, indicó Reyna Y Herrero.
Ante las problemáticas antes expuestas, el fiscalista recomienda que las empresas adopten un esquema de Contratación de Servicios Especializados, el cual integra un flujo de servicios de planeación de los costos que deberán absorber, tales como pagos de cuotas patronales ante el IMSS y aportaciones ante el Infonavit.
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